Fuente: adital.com.br
Escrito por: Karol Assunção

Preocupados con las discusiones en relación con la modificación del Código Penal de la República Dominicana, la Coalición de ONGs por un Código Penal Moderno y en Consenso y el Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de la Mujer (Cladem) enviaron, el último día 30, una carta al presidente de la Cámara de Diputados del país. En el mensaje, las organizaciones cuestionan la prisa de las autoridades para cambiar el Código sin una discusión más profunda.

La situación de la República Dominicana no es de las mejores. De acuerdo con datos del Cladem, casi la mitad de las mujeres dominicanas en edad reproductiva estaban sin empleo el año 2002; y aproximadamente el 11% de la población con más de 10 años de edad es analfabeta. En relación con la cuestión de género, la realidad es todavía más preocupante: los hogares con mayores índices de pobreza están dirigidos por ellas y el 20% de las niñas y mujeres de 15 a 49 años ya sufrieron violencia física alguna vez en su vida.

Pobreza, inseguridad, corrupción, impunidad y violaciones a los derechos de mujeres y niñas son sólo algunos de los puntos destacados por las organizaciones que cuestionan el Nuevo Código Penal del país. “Ante este panorama, ¿el Nuevo Código Penal contribuirá a un sistema de restitución de derechos, en consonancia con los avances en términos de equidad de género contenidos en la nueva Constitución?”, indagan.

Uno de los puntos sobresalientes del mensaje de las organizaciones tiene que ver con la violencia contra la mujer y la igualdad de género. Según informaciones de Cladem, el Departamento de Estadísticas de la Fiscalía del Distrito Nacional en la ciudad de Santo Domingo registró, entre enero y septiembre de 2008, 8.316 denuncias de violencia de género, de las cuales, 7.054 fueron violencia contra la mujer.

Cladem también revela que el 30% de las mujeres casadas o unidas sufrieron violencia emocional, física o sexual por parte de su antiguo o actual compañero. Incluso así, en la visión de las organizaciones, el asunto todavía pasa desapercibido por el Congreso, ya que no quiere reconocer el femenicidio como tipo penal.

“¿Cual es el basamento de la comisión especial para sustentar sus argumentos de negación al reconocimiento de la violencia contra la mujer, a la tipificación del femenicidio, a la eliminación del artículo que exime de responsabilidad penal a quien contrae matrimonio con una menor ‘violada’, así como de delitos de guerra según el Estatuto de Roma? (…) ¿Esta negación está en consonancia con la carta magna aprobada por este mismo Congreso y que recientemente entró en vigencia?”, se preguntan.

Además de las violaciones a los derechos de niñas y mujeres, la carta de las organizaciones destaca además la intención del Congreso de eliminar la obligación de protección a las personas discriminadas a causa de su orientación sexual, sexo, raza, etnia, condición de salud, clase social y visión política y religiosa. “¿El Congreso es consciente de que tal disposición constituiría una violación a los derechos humanos, entre ellos el derecho al empleo?”, recuerdan.

Para las organizaciones, es necesario que el Congreso analice y discuta más las reformas planeadas para el Código Penal del país. En su opinión, es importante que todas las demandas sean pensadas y respondidas “con la profundidad necesaria, y no con una prisa injustificada por terminar una reforma sin consenso y que no cuenta con las observaciones del Poder Ejecutivo efectuadas en agosto de 2006″.

La versión completa de la carta está disponible aquí: http://www.cladem.org/

Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com