La DGII emite una norma para la publicidad u otros servicios a entidades no lucrativas.

La Dirección General de Impuestos Internos anunció que a partir de este mes, serán agentes de retención del ITBIS todas las empresas o instituciones que paguen servicios de publicidad u otros servicios gravados por el ITBIS a entidades no nucrativas.

La medida está contenida en la “Norma General sobre Retención del ITBIS en servicios de publicidad y otros servicios gravados por el ITBIS prestados por entidades no lucrativas y otros gravados por este impuestos prestados por entidades no lucrativas (ONG)”, que entra en vigencia a partir de hoy.

Según explica la Norma General 01-2011, la retención aplicable por parte de las empresas en el pago de los servicios señalados será del cien por ciento (100%) del valor del ITBIS facturado por la Entidad no Lucrativa y las informaciones de las retenciones efectuadas deberán ser remitidas a la DGII según lo establecido en la Norma General 01/2007.

Por otro lado, la DGII advierte que la deducción del gasto para fines del Impuesto Sobre la Renta y el uso del ITBIS pagado como crédito para las empresas procederá siempre y cuando se efectúen y paguen efectivamente las retenciones correspondientes.

Adicionalmente, los comprobantes emitidos deberán cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos para la Aplicación del ITBIS y de Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales, para ser admitidos como crédito del ITBIS y/o gastos de Impuesto Sobre la Renta.

La Norma General 01-2011 establece que las Entidades no Lucrativas no tendrán la obligación de presentar declaración mensual de ITBIS, siempre y cuando la totalidad del ITBIS facturado haya sido retenido.

La medida de la DGII busca fortalecer los mecanismos que aseguren un adecuado control en el proceso de recaudación del ITBIS en los servicios de publicidad brindados por las ONG y, a su vez, simplificar las obligaciones contributivas de las entidades no lucrativas.

La frase

DGII

La medida de la DGII busca fortalecer los mecanismos que aseguren un adecuado control en el proceso de recaudación del ITBIS en los servicios de publicidad brindados por las ONG y, a su vez, simplificar las obligaciones contributivas”.

Fuente: Diario Libre

SD. La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi) calificó como sintomáticas de la situación que se vive en el sector farmacéutico las declaraciones del Ministerio de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, con relación a las denuncias presentadas respecto a las múltiples trabas y problemas que vive el sector farmacéutico y al crecimiento de la falsificación de medicamentos en el país.

“Lejos de ofrecer una solución o aportar al problema, el Ministro solicita que se use la vía de una Comisión Interinstitucional creada por decreto por el Poder Ejecutivo. Infadomi denuncia que la misma no ha sido convocada por las autoridades de Salud Pública desde hace casi seis meses”.

Laura Castellanos, directora ejecutiva de Infadomi, explicó que “el mecanismo institucional al que se refiere el Ministro de Salud no sirve de absolutamente nada si no se tiene la voluntad política de tomar medidas y políticas reales. Ya hemos teorizado bastante. Lo que necesitamos es que finalmente las autoridades de decidan a implementar medidas, a realizar sometimientos y a aplicar sanciones. El problema es que nadie se quiere ensuciar las manos con este tema”.

Infadomi insiste en que la respuesta del Ministro muestra que existe una preocupante indiferencia de las autoridades respecto al tema.

Denuncia que la situación no se limita al Ministerio de Salud, sino que también existe una Comisión de Política Farmacéutica, presidida por Elena Fernández, que tampoco desarrolla ninguna política para combatir el problema de las falsificaciones.

SANTO DOMINGO

El nuevo Manual de Procedimientos Sustantivos es parte del programa de mejoramiento institucional continuo que desarrolla el MAP, por lo que su aplicación es de obligatoriedad en las áreas operativas a los fines de garantizar el avance de la administración pública en el país, explicó el titular de la institución, Ramón Ventura Camejo.

El ministro especificó que al establecer los pasos y normas a seguir, el Manual de Procedimientos Sustantivos se constituye en un “salto cualificativo importante”, ya que adentra al MAP en la institucionalidad y lo pone como centro para continuar expandiendo ese proceso por los demás ministerios y organizaciones del Gobierno y la sociedad civil.

“Ya estamos adentrándonos en la regulación, en la institucionalidad del propio Ministerio en la medida que esto tiende a despersonalizarse, es decir ya las actividades están descritas, esto así cualquier persona con la formación puede entender cómo se hacen las cosas en el Ministerio”, acotó.

El funcionario agregó que el manual puesto en vigencia hace más objetiva esa institución ya que los guía hacia el camino de la innovación, para que la administración pública ofrezca servicios de mayor calidad a la sociedad dominicana.

“Esto se convierte en una carta compromiso para poder dar garantías de responder a la sociedad”, dijo al agregar que el nuevo manual permite definir los objetivos del MAP.

Ventura Camejo anunció que publicarán el Manual de Procedimientos Sustantivos, a los fines de que pueda circular por todas las instituciones públicas y entidades de la sociedad civil para que les sirva de base en la aplicación de los procesos de fortalecimiento internos que desarrollan.

Propuso la creación de un Comisionado para Asuntos Legales y Constitucionales, con el fin de evitar el desplome de la institucionalidad del Estado a través de la creación y modificación de un conjunto de leyes que concuerden con los aprestos de la nueva Constitución.

Potentini sugirió que se modifiquen las leyes que establecen y regulan instancias estatales, como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Consejo del Poder Judicial, Consejo del Ministerio Público, entre otras.

“Estamos proponiendo la creación de un Comisionado para Asuntos Legales y Constitucionales para que pueda coordinar todo lo relativo a estos apremios establecidos por esta nueva Constitución”, indicó.

Y agregó: “Hay que retocar, hay que armonizar, hay que habituar, hay que modificar todo el andamiaje jurídico de la República Dominicana, sobre todo en lo relativo al aparato electoral, al judicial, la Cámara de Cuentas y todo lo relativo a las leyes orgánicas de los diferentes ministerios”.

Potentini sugirió que se modifiquen las leyes que establecen y regulan instancias estatales, como la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Consejo del Poder Judicial, Consejo del Ministerio Público, entre otras.

Explicó que la Constitución otorga un plazo de seis meses para la conformación de esos organismos y que, de no cumplirse a tiempo con los plazos, estaríamos “en un limbo jurídico”, ya que a su juicio no habría quienes desempeñen esas funciones.

El presidente de la FJT instó también a la unificación del Comisionado de Justicia con la institución que propuso, bajo la dirección del Ministro de la Presidencia, César Pina Toribio.

La Fundación Justicia y Transparencia propuso también la modificación y creación de 70 leyes, con el objetivo de que se logre cumplir con los lineamientos de la nueva Carta Magna.

Fuente: Clave Digital

El presidente Leonel Fernández Reyna, emitió el decreto luego de recibir una terna de candidatos enviada por el CNSS, tal como lo establece el artículo 27, de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

Bienvenido Martínez, ha realizado estudios de economía, finanzas y derecho. Ha trabajado en el área administrativa en diversas empresas privadas, y también en el sector público ha ocupado diferentes posiciones entre ellas, la sub-gerencia general del CNSS y la sub-dirección general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

Además, trabajó en la Comisión de Reforma de la Empresa Pública como Coordinador del Equipo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y como Contralor General del CEA.

También, ha ocupado puestos directivos en diversos gremios y como asesor de diferentes Organizaciones No Gubernamentales del país.

Fuente: Diario Libre

Sin embargo, el presupuesto anual de esta institución especializada en el área de cardiología es de RD$180 millones.

La situación del IDC fue analizada por su director, el doctor Angel González Medina, quien dijo que sólo en combustibles y en el pago de energía, ese centro de salud paga cada mes casi un millón de pesos.

Lo que el Gobierno aporta al IDC es menos del 10% de lo que se gasta. “Podemos hacer esta labor gracias a que somos autogestionarios”, dijo.

Se trata de un centro de salud que tiene 53 camas y 12 en una unidad post operatoria, pero la estructura es insuficiente, lo mismo que el porcentaje de camas.

La nueva construcción. Las autoridades del IDC tienen proyectada una estructura con un presupuesto de RD$258 millones. Será un edificio de parqueos de cinco niveles y dos pisos adicionales para hospitalización.

Se trata de una institución que el año pasado realizó 9,000 ecocardiogramas, 9,000 electrocardiogramas, 115,000 procedimientos de laboratorio, 8,000 radiografías de torax, 1,200 pruebas de esfuerzo y 2,000 holters.

En ese centro se ingresaron además 2,600 personas, se realizaron 700 cateterismos y 90 cirugías cardiovasculares.

González Medina informó que el año pasado se realizaron otras 125 cirugías de diferentes áreas.

Las claves
1. Una historia de servicio
El Instituto Dominicano de Cardiología tiene una historia de servicio en la salud cardiovascular de los dominicanos.

2. El personal
Más de 75 médicos especializados trabajan en este centro y casi 90 enfermeras.

3. Mística
Esta entidad tiene una mística de trabajo que le ha sido dada por generaciones de cardiólogos. Sobresale la figura del doctor Héctor Mateo, presidente.

La otra parte de los recursos, RD217.09 millones, será distribuido entre otras 26 organizaciones políticas. De esa cantidad, al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) le corresponde recibir RD$29.8 millones.

La información se desprende del Reglamento sobre la Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos remitido ayer al Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para su aprobación. Según el artículo 50 de la ley Electoral No. 275-97 los partidos que obtuvieron más del 5 por ciento de los votos válidos en los últimos comicios recibirán el 80 por ciento del total de los recursos, cuyo monto asciende este año a RD$1,085 millones.

Los nuevos partidos reconocidos por la JCE recibirán más de RD$5 millones cada uno. El grupo lo integran los partidos Cívico Renovador (PCR), Demócrata Institucional (PDI), Acción Liberal (PAL) y Dominicanos por el Cambio (DxC). Conforme al referido reglamento, Alianza por la Democracia (APD), recibirá RD$15.8 millones, el Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), RD$12.1 millones, la Fuerza Nacional Progresista (FNP), RD$11.7 millones, el partido Quisqueyaño Demócrata Cristiano (PQDC), RD$10.6 millones y el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSC) recibirá RD$7.2 millones. El resto de los recursos será distribuido entre los demás partidos minoritarios.

Según el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, los recursos serán desembolsados durante febrero y marzo conforme a lo prometido por el Poder Ejecutivo.

Presupuesto ejecutado

Por otro lado, el funcionario afirmó que el presupuesto del año pasado fue ejecutado en su totalidad, razón por la cual la JCE tiene algunos compromisos económicos que no ha podido cumplir. Entre ellos, figuran la compra de unos mil escáneres y obras de infraestructura en ejecución.

Fuente:YAMALIE ROSARIO

El funcionario reiteró que el aumento no fue un “palo asechao” y que se hizo de acuerdo al precio de los combustibles en el mercado internacional.

“Yo soy un funcionario del gobierno y estoy en la mejor disposición de lo que ellos consideren que puedo hacer en beneficio del sector”, dijo Fadul. “Yo les decía a ellos (los choferes) que no solamente me digan yo voy a paralizar el tránsito, que planteen qué es lo que ellos quieren, que busquemos la solución entre todos, si es que la hay”, agregó.

Consideró que si hay solución deben buscarla entre todos, no solamente las autoridades, por lo que los exhortó a que si quieren pueden hacer sus propuestas públicamente.

El funcionario señaló que como secretario de Industria y Comercio lo más favorable sería no aumentar los combustibles y que su deseo es de que estén a 20 pesos el galón, porque el alza se convierte el algo impopular.

“Si hay solución, busquémosla entre todos. Yo estoy aplicando la ley y si ellos quieren hacer la propuesta que la hagan públicamente, no es que digamos que vamos a parar, que van a subir”, agregó.

Fadul dijo que a la situación no se le debe meter el ingrediente político, sino mostrar el interés de de buscar una solución al problema.

En todo momento el funcionario sostuvo que están abiertos al diálogo y que el Gobierno no quiere traumas, sino soluciones. Añadió que el aumento a los combustibles debió ser mayor al que se aplicó, y no se hizo el ajuste completo para no afectar más al pueblo.

DEFIENDE DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO

DECRETO José Ramón Fadul dijo que el gobierno creó un fondo para mortiguar las alzas, pero que sólo llega a RD$l8 millones semanales, lo que no alcanza para asumir el compromiso completo.

El secretario de Industria y Comercio dijo que el decreto publicado ayer autorizando a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el manejo de los impuestos a los combustibles es para luego proceder a modificar la ley 112-00, sobre hidrocarburos.

Dijo que antes Industria y Comercio recolectaba los recursos por concepto de la venta de los combustibles, pero que ahora con el decreto eso pasó a ser manejado por la DGII.

El funcionario expresó que esa disposición fue propuesta por el Fondo Monetario Internacional para que haya más transparencia en el reccaudo de esos fondos públicos.

Fuente: Listin Diario

Expresó que el hecho de que las drogas sean difíciles de fiscalizar no significa que deban dejar de ser controladas, por lo que con la legalización no se evitarían sus efectos negativos ni se garantizaría una disminución de la violencia intrafamiliar a que induce.

Féliz favoreció una estrategia de educación, prevención, tratamiento y rehabilitación contra ese flagelo que calificó de crimen. Dijo que levantar los controles sobre las drogas sería igual que hacerlo con el tráfico de armas y la venta de órganos humanos.

Señaló que el país tiene tolerancia cero con los estupefacientes. La propuesta genera aceptación y rechazo.

Habrá que esperar ver si el mandato que establece la nueva Constitución en el artículo 128, numeral 2), literal g) de que el Poder Ejecutivo deberá someter al Congreso la ley de presupuesto para el año siguiente a más tardar el primero de octubre de cada año finalmente hace que se someta el presupuesto con plazo prudente para discutirlo.

Nuevamente la historia se repite, el debate nacional sobre el presupuesto inicia en diciembre y las actividades navideñas sepultarán los reclamos que distintas entidades formulan por violaciones a asignaciones presupuestarias obligatorias previstas en leyes especiales, como es el caso del Poder Judicial, la Secretaría de Educación y los ayuntamientos.

Pero quizás los reclamos en vez de focalizarse únicamente en los montos deberían concentrarse en la parte fundamental, esto es rodear de mayores niveles de transparencia la formulación y aprobación del presupuesto de la Nación.

Llama la atención que un país como Venezuela, tenga mucha mayor información presupuestaria que el nuestro. Por ejemplo ha sido motivo de gran discusión en dicho país el aumento de la partida destinada a la presidencia, que según afirman algunos analistas en el presupuesto 2010 será 638% superior debido supuestamente en parte a la decisión del Comandante Chávez de concentrar en su poder la inversión social. Muchos entienden que esto tiene que ver con las elecciones de nuevos diputados en el 2010 en ese país, proceso que según palabras del mismo Chávez debe ganar con al menos dos tercios de los escaños “para asegurar la continuidad de la revolución”.

Pero donde se denota el nivel de información que nosotros no tenemos con respecto a Venezuela, es cuando se critica el aumento de los gastos propios del despacho y del Presidente en un 50%, señalándose el aumento en “seguridad, custodia y transporte aéreo presidencial” para el cual se gastarán 8.3 millones en vez de 5.5 millones en el 2009, y 6 millones de dólares para viajes, 280,000 dólares para calzado y vestido, así como 145,000 dólares para productos de tocador.

En contraste, la falta de transparencia que existe en nuestro país y la formulación de partidas presupuestarias sin los niveles de detalles necesarios, hacen que discusiones como éstas ni siquiera pueden darse aquí ya que no contamos con tales datos. Los ciudadanos ni siquiera sabemos cuánto cuesta cada viaje presidencial ni cómo se desglosan los gastos presidenciales. Como el verdadero poder ciudadano está en la información, sin ésta los poderes que la nueva constitución expresamente consagra en beneficio de los ciudadanos para controlar y fiscalizar los fondos públicos “a través de los mecanismos establecidos en las leyes” serán una simple quimera.

En consecuencia, concentrémonos en pedir los niveles de información requeridos para lograr al menos una adecuada ponderación del proyecto de presupuesto y su posterior fiscalización. De lo contrario, continuaremos repitiendo la misma novela en materia presupuestaria.